Vinculación con el Medio

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La tarea fue encargada por la Oficina para América Latina del Instituto Internacional de Planeamiento de Educación de la UNESCO, al Centro de Estudios en Educación de la Pontificia Universidad Católica, para evaluar las estrategias de formación remota aplicadas en el sistema chileno entre 2020 y 2021.

Como parte de su proceso de formación doctoral, el académico del Departamento de Educación y Humanidades de la Universidad de Magallanes (UMAG), Leonardo Velásquez Castro, trabajó recientemente formando parte de un equipo de investigación del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE), perteneciente a la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Académico Leonardo Velásquez

Velásquez, junto a la investigadora y directora del CEPPE, Magdalena Claro Tagle, y los docentes Catalina Figueroa y Sebastián Pereira, lideraron un estudio regional comparativo titulado “Políticas Digitales en Educación en Chile, tendencias emergentes y perspectivas de futuro”. Dicho trabajo, encargado por la Oficina para América Latina de Instituto Internacional de Planeamiento de Educación (IIPE) de la UNESCO, tuvo como propósito analizar las respuestas diseñadas e implementadas en materia de políticas digitales por parte de los gobiernos nacionales, durante el período de aislamiento preventivo impuesto a raíz de la emergencia sanitaria por COVID-19.

Específicamente, el estudio pone el foco en aquellas estrategias e iniciativas que perseguían la inclusión educativa de grupos con condiciones socioeconómicas adversas, históricamente excluidos o vulnerados en sus derechos. En datos del Mineduc, ese 13% del estudiantado que no tenía infraestructura, conectividad y/o dispositivos para enfrentar una formación remota, confirmando una importante brecha entre el quintil más bajo y el más alto de ingresos.

El trabajo se organizó en cuatro secciones, donde se describen las principales características del sistema educativo chileno y su política de tecnologías; se da cuenta de las respuestas digitales implementadas durante la pandemia; se analizan esas respuestas a fin de identificar aquéllas que representan continuidad o innovación respecto de la política, y se presentan conclusiones y recomendaciones. Además, se incluye un anexo con más detalles de las diferentes iniciativas.

Velásquez cuenta que “ésta ha sido una experiencia enriquecedora para mi formación, y un privilegio el hecho de haber compartido con una de las investigadoras más destacadas y con experiencia en el estudio de políticas digitales en Chile, como es Magdalena Claro, junto al resto de los académicos que participaron del estudio”, afirmó.

Tres momentos de una misma pandemia

El artículo afirma que las líneas de acción educativa priorizadas entre 2020 y 2021, se pueden organizar en tres grandes momentos, según las decisiones de interrupción y apertura de clases presenciales que tomaba el Ministerio de Educación. En la primera etapa de suspensión temporal (15 de marzo al 23 de abril 2020), las principales medidas fueron el envío de guías de trabajo físicas y/o digitales a los y las estudiantes.

En la segunda (abril a diciembre de 2020), se concentraron las estrategias, pues el Gobierno ya había entendido de que las condiciones sanitarias no permitirían volver masivamente a la presencialidad durante 2020. Los esfuerzos de innovación pedagógica para promover el uso de tecnologías digitales, se reorientaron hacia el apoyo a la continuidad del aprendizaje virtual. Se actualizó la priorización de los principios básicos del diseño curricular, definiendo como ejes la seguridad, la flexibilidad y la equidad. Además, Aprendo en Línea pasó a ser la principal plataforma para ofrecer recursos educativos, y los servicios de Google Suite y Microsoft Teams fueron incorporados para la gestión del aprendizaje. También se aplicaron estrategias virtuales para desarrollar las capacidades docentes y directivas, y para monitorear los aprendizajes se reemplazó temporalmente el Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de Aprendizaje (SIMCE) por el Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA).

Durante la tercera etapa, destacan medidas como la entrega de un seguro escolar COVID-19 gratuito y total para la educación parvularia y escolar, y de un Kit con elementos para el cuidado sanitario; la flexibilización del uso de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), y las mejoras de infraestructura gracias a U$D 16.000 millones otorgados por el Mineduc.

Evaluación de las acciones desarrolladas

Las y los docentes a cargo del estudio afirman que es demasiado pronto para evaluar el impacto de las políticas. Sin embargo, diversas organizaciones del mundo educativo realizaron sondeos entre docentes y apoderados, los cuales coincidieron en algunas percepciones, como las brechas de acceso a clases en línea que hubo entre estudiantes de bajos y de altos ingresos; el escaso desarrollo de competencias docentes para utilizar recursos digitales e implementar clases remotas; la falta de capacidades del estudiantado para desenvolverse en entornos virtuales, y su poca autonomía para el trabajo escolar.

En términos de aprendizaje, el artículo cita una estimación elaborada por el MINEDUC con asesoría del Banco Mundial, según la cual el estudiantado de Chile podría perder, en promedio, un 88% de los aprendizajes de un año, en diez meses de educación remota. En este sentido, el estudio plantea que la escolaridad podría haber retrocedido 1,3 años, y que la educación a distancia sólo podría mitigar un 12% del efecto negativo que tuvo la pandemia por COVID-19 en el estudiantado chileno, cifra que baja a un 6% en el caso de los establecimientos públicos.

El Comité de Ética Científico de la UMAG está presidido por la prorrectora Dra. Mariela Alarcón.

- La instancia académica se reunió para programar las reuniones del año, a través de las cuales organizan su trabajo de evaluación de proyectos de investigación emanados de la Universidad de Magallanes.

Por Paula Viano Santana

Fotografías: Mónica Araus Sieber

El Comité de Ética Científico (CEC-UMAG) retomó sus labores anuales con una reunión sostenida por sus integrantes este 17 de marzo, en dependencias del campus central. Según informó el Dr. Daniel Matus Carrasco, representante de la Facultad de Ingeniería, se trataron temas más bien administrativos, como la aprobación del acta anterior, el cronograma de reuniones de los dos subcomités – uno en Seres Humanos y otro en Animales y Otros Seres Vivos – y la adaptación de las gestiones a los nuevos requerimientos que implica la acreditación lograda por esta instancia en diciembre de 2022, por parte del Ministerio de Salud (MINSAL).

El Dr. Matus está a cargo de las actas de las reuniones del CEC.

Respecto de este último hito, uno de los principales desafíos del año, afirmó Matus, será “revisar las pautas que se han hecho para la evaluación de estudios científicos de pre y postgrado, y la construcción de pautas nuevas para poder coordinar el trabajo en esta nueva dinámica” exigida por el Minsal. De esta manera, el CEC-UMAG avanza en su misión de “resguardar los derechos y la dignidad de los seres humanos, así como también el bienestar animal y la protección de otros organismos vivos que sean sujetos de investigación científica”.

El académico también informó de otro avance importante relacionado “con la aprobación y el seguimiento en línea de los trabajos (científicos) que se ingresen a través de una plataforma que, por ahora, está en marcha blanca”, lo que permitirá seguir avanzando en la virtualización de los procesos y su seguimiento.

El CEC es una instancia colegiada de carácter regulatorio dependiente de Rectoría, y su principal función es “realizar la evaluación ética de los proyectos de investigación, ensayos clínicos y otros estudios experimentales que sean patrocinados y/o auspiciados por la Universidad de Magallanes, como también a aquellas instituciones públicas o privadas que lo soliciten, y donde participen seres humanos, animales u otros organismos vivos”.

El encuentro se realizó en la sala de consejo de la Facultad de Ingeniería.

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- La Universidad de Magallanes es una de las 5 instituciones de Educación Superior que este 8 de marzo, presentaron el documento exigido por la Ley 21.369.

- La directora de Género de la entidad celebró la elaboración participativa del texto, y anunció una planificación estratégica para su aplicación, que incorpore todos los ámbitos, incluso “el uso del lenguaje inclusivo en todos los reglamentos y normativas internas”.

Por Paula Viano Santana

Fotografías: Andrés Poblete Vargas

El Día de la Mujer Trabajadora de este año, reunió en un mismo hito al Gobierno Regional (GORE) y a la Universidad de Magallanes (UMAG), instituciones que organizaron un acto de conmemoración en el Centro Asistencial Docente e Investigación (CADI UMAG). Hasta allí llegaron representantes del Poder Ejecutivo, la sociedad civil y la academia, para participar de un encuentro donde el GORE destacó a ocho mujeres de la región, que han defendido los derechos de sus pares. La Gobernadora Luz Bermúdez, valoró el espíritu de lucha de estas mujeres, y recordó la importancia de “tener en la memoria los 50 años del golpe de Estado, y poner en valor a las mujeres que fueron parte de ese proceso de recuperación de la democracia”.

Directora de Género, Equidad y Diversidad, Sintia Orellana Yévenes.

En la ocasión también se presentó la primera Política de Igualdad de Género y Diversidades Sexuales de la Universidad de Magallanes, considerada un hito relevante para la comunidad universitaria, según expresó la directora de Género, Equidad y Diversidad de la institución. “Fue un trabajo colaborativo, triestamental”, explica la abogada Sintia Orellana Yévenes, “en donde académicas, funcionarias, funcionarios, estudiantes de diversas carreras, participaron en la creación de esta política, que lo que busca es transversalizar la perspectiva de género en las diversas áreas universitarias: gestión, docencia, investigación y vinculación con el medio”.

El rector de la UMAG, Dr. José Maripani Maripani, agregó que las Universidades “estamos trabajando a nivel nacional en esta temática, y espero que podamos concluir en cursos comunes, y podamos generar muchos mecanismos, sistemas online, cápsulas y elementos que nos permitan además ir avanzando rápidamente en algunos temas que son básicos, como Universidad de Magallanes y como sistema universitario chileno”.

Estándar internacional, demanda local

Según la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995), la transversalización de la perspectiva de género implica permear todas las áreas del quehacer institucional, desde la planificación y gestión, hasta la ejecución y evaluación. Específicamente, en el ámbito de la educación, la UNESCO incorpora el género como un eje central de acción en este tránsito cultural hacia la igualdad entre hombres y mujeres, y llama a las Universidades a cumplir un rol como agentes de cambio, tanto en la formación de personas como en la transformación de la sociedad.

En dicho contexto internacional, las Universidades del Consejo de Rectores y Rectoras de Chile (CRUCh) han estado poniéndose al día además con las demandas de sus propias comunidades estudiantiles, que piden actualizar la cultura organizacional de la academia. Este 8 de marzo de 2023, cinco instituciones asociadas presentaron sus políticas de igualdad de género, con lo que sólo resta una para que las 30 casas de estudio cumplan con este estándar mínimo, exigido por la Ley Nº 21.369, que Regula el Acoso Sexual, la Violencia y la Discriminación de Género en el Ámbito de la Educación Superior.

¿Qué dice la Política de la UMAG?

Inicialmente, el documento distingue y explica diez conceptos considerados los principios rectores de la Política, que corresponden a Igualdad de Género, Participación Democrática con Perspectiva de Género, No Discriminación por Género o Diversidad Sexual, Dignidad de Trato, No Violencia de Género, Transversalidad de la Perspectiva de Género, Inclusión, Educación No Sexista, Lenguaje Respetuoso e Inclusivo y Corresponsabilidad

A continuación, se explica que el objetivo es superar las brechas de género, que la responsabilidad de cumplirlo recae en cada integrante de la comunidad universitaria, y que las principales líneas de acción serán la Promoción y Difusión, Prevención, Capacitación y Formación, Bienestar y Corresponsabilidad, e Investigación. Por último, se informa que la Dirección de Género y sus unidades afines, harán seguimiento de la aplicación de este texto, y que el Comité Asesor en temáticas de Género entregará un informe anual con sugerencias.

¿Cómo se llevan a la práctica las palabras y buenas intenciones de este texto? Sintia Orellana responde que a través de planes de igualdad. “Vamos a comenzar un trabajo que baje todos los lineamientos de la política a prácticas efectivas, reales”, explicó. Espera poder contar con los recursos económicos para esta implementación, pues mientras tanto “poner en práctica la política va a quedar a la voluntad de cada una de las carreras, de cada una de las unidades. Ahí vemos las complejidades que se han dado en las universidades de todo el país; los planes de igualdad están sin recursos asociados”, lamentó.

Noticias de un Gobierno feminista

En el evento, la secretaria regional ministerial de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz, compartió buenas noticias, muchas de ellas relacionadas con los anuncios presidenciales que tienen su correlato en la región. “Ponerle urgencia a un proyecto de ley integral por una vida libre de violencia, va a cambiar la vida de muchas mujeres, así como poner en marcha la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos, que ya en mayo vamos a ver”, anunció. A ello sumó la priorización de las cirugías por incontinencia urinaria, y un proyecto de construcción en Punta Arenas, de un Centro de la Mujer y una Casa de Acogida para quienes viven violencia.

La elección de las mujeres reconocidas este 8M por el GORE Magallanes también responde a un enfoque de transformación social, por el esfuerzo que implica romper barreras en beneficio del colectivo, como se puede apreciar en las reseñas preparadas por Sernameg:

Roxana Palma Santibáñez. Es poeta y gestora cultural de la región, lidera la colectiva de poetas magallánicas Nunca Quisimos Ser Reinas, un espacio que ha logrado articular reconociendo el trabajo literario de mujeres en el territorio históricamente invisibilizado. Gestiona espacios seguros de creación para mujeres y disidencias, actualmente coordina y mantiene vivo el espacio cultural Imago. Ella es reconocida por sus pares como la gran gestora de ideas que van desde biblioteca, editorial y publicaciones aportando a la igualdad sustantiva de derechos y participación.

Loreto Gálvez Gálvez. Recientemente la Ley TEA ha sido promulgada, y desde su comunidad no dejan de reconocer el rol de Loreto como impulsora, gestora y alentadora de esta ley desde la agrupación TEAbrazo Magallanes. En la búsqueda de la igualdad de derechos de todas las personas ha perfeccionado sus conocimientos para asesorar, contener y acompañar a su entorno en esta temática, promoviendo también la corresponsabilidad entre hombres y mujeres cuidadoras y el cambio cultural, que visualiza las cualidades de las personas del espectro autista.

Ivette Barría Rojas. Es abogada y se desempeña como Jueza del Juzgado de Policía Local de Tierra del Fuego. Representa para su comunidad una figura de confianza, que encarna los valores del servicio y la igualdad, acercando la justicia a las personas, con énfasis en las mujeres, relevándolas como sujetas de derecho y acompañando con cercanía y empatía sus procesos judiciales. Reconocida por otras mujeres por su quehacer, y su ejemplo hoy es referente para muchas niñas de la comuna de Porvenir.

Érica Hidalgo Baharona. Trabajadora con 35 años de servicio en la Empresa Nacional del Petróleo, siempre defensora de los derechos de las mujeres en una empresa tradicionalmente masculinizada, ha alcanzado objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos, instalando logros con perspectiva de género en pro de los derechos de las trabajadoras dentro de la empresa, para su óptimo desarrollo en igualdad de condiciones respecto a los hombres. Fue la primera mujer dirigente sindical de ENAP Magallanes, y actualmente se desempeña como la coordinadora de género de dicha entidad.

Sylvia Ovando Alvarado. Reconocida por su destacada labor como sindicalista, formó parte de la primera agrupación de mujeres que trabajó por el retorno a la Democracia MUDECHI. Luego, sigue destacándose en distintos espacios: más de 30 años en la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, en las primeras Jocas Comunitarias, jornadas de afectividad y sexualidad, y hoy en la agrupación Matriarcas Australes, en la promoción de los derechos de personas mayores, siempre con perspectiva feminista.

Andrea Pereda Negroni. Actriz que sostiene el trabajo creativo, la labor pedagógica y el liderazgo de múltiples equipos de trabajo artístico de la región, abordando temáticas con gran contenido social y comunitario, con enfoque de derechos humanos, diversidades, niñez y medioambiente. Siempre con una mirada hacia la igualdad de género. Reconocida entre sus compañeras por gestar y crear proyectos por el bien común, destacando trabajos que promueven la igualdad de derechos y vidas libres de violencia para mujeres e infancias, causando impacto en su comunidad.

Jessica Huilli Bahamonde. Mujer mapuche, activista social. Impulsora en su territorio, Cabo de Hornos, de la conformación de la orgánica de mujeres feministas, que trabaja activamente por el respeto y la igualdad de género. Dedicada y comprometida por las vidas libres de violencia, acompañando a mujeres víctimas en sus procesos. Lidera acciones comunitarias para el reconocimiento y aprendizaje de la perspectiva de género, el derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos y el cambio cultural, siendo reconocida por entorno como una defensora incansable por los derechos de las personas.

Magda Ruiz Méndez. Desde la agrupación que lidera: Mujeres Prisioneras de Magallanes años 1973-1974, visibiliza el rol de las mujeres víctimas de vulneración de los derechos durante la dictadura cívico-militar, trabajando por el reconocimiento de estas, para proyectar acciones de memoria y educación. Reconocida entre sus pares por liderar la incansable búsqueda de justicia y promoción de los derechos humanos a 50 años del golpe cívico-militar en pro de la no repetición, realiza activamente acciones que promueven la igualdad de derechos, trato y participación.

-A nivel regional, la Universidad de Magallanes (UMAG), el Instituto de Derechos Humanos (INDH), la Seremi de Medio Ambiente y otras entidades, trabajan colaborativamente para acercar los alcances de este pacto a la ciudadanía.

El director del Centro de Estudios Regionales de la UMAG, Felipe Lagos, en su rol de integrante de la comisión organizadora del Concurso, expuso los alcances de la iniciativa en el lanzamiento llevado a cabo en Zona Franca.

Por Ángela Molina, Comunicaciones UMAG.

Fotografías: Mónica Araus, Comunicaciones UMAG.

Garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, persigue el llamado Acuerdo de Escazú, suscrito por Chile en 2022, una medida estatal que, en Magallanes, busca ser pionera en términos de participación.

Esto porque, la Seremi de Medio Ambiente, la Universidad de Magallanes (UMAG), la oficina regional del Instituto de Nacional de Derechos Humanos (INDH) en conjunto con otras instituciones, unieron fuerzas para acercar los alcances de este pacto a la ciudadanía, y en la Zona Franca lanzaron el concurso “Acércate a Escazú y frasea por el Medio Ambiente”.

“Buscamos que la comunidad comience a relacionarse de una forma más cercana con el acuerdo de Escazú y, en ese sentido, invitarles a que puedan participar enviándonos una frase la cual podamos utilizar durante el año en las actividades que realicemos y, de alguna forma, enterarnos de paso, cuánto la comunidad sabe sobre este acuerdo y cómo nosotros podemos ayudar a difundir qué significa”, explicó la seremi de Medio Ambiente, Daniela Droguett.

La frase, de menos de 10 palabras, debe ser enviada de manera online al enlace https://n9.cl/fraseaescazu, el que estará disponible hasta las 18.00 horas del 20 de marzo. Se premiarán las frases más originales, llamativas y didácticas que puedan ser utilizadas en futuras campañas informativas y material educativo y/o de sensibilización. El primer lugar consiste en set de contacto para la naturaleza, una gift card de $100.000, galvano y diploma, mientras que las menciones honrosas recibirán galvanos y diplomas de participación.

En la actividad estuvieron presentes autoridades y miembros de organizaciones de la sociedad civil.

Cristián Figueroa, jefe regional del INDH, resaltó que “lo que hoy día estamos haciendo es invitar a la comunidad a conocer el acuerdo, sus alcances, pero fundamentalmente a través de frases que nos inviten a reflexionar acerca del paso que estamos dando como país y la importancia que todos y todas tenemos que darle a vivir en un Medio Ambiente libre de contaminación, que es un derecho fundamental”.

Consulta online

En paralelo, la Universidad de Magallanes, a través de la Unidad de Sustentabilidad Ambiental y el Centro de Estudios Regionales de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, lleva adelante una consulta online que servirá para identificar las brechas y desafíos en torno a la socialización e implementación de este acuerdo a nivel regional.

La encuesta está siendo difundida por redes sociales también mediante código QR.

“La consulta online permitirá a la región tener una aproximación a las principales brechas en el conocimiento del público general acerca de las líneas abordadas por el Acuerdo de Escazú en participación, información y justicia ambiental. Si bien no es una encuesta probabilística -y sin duda debemos avanzar hacia la producción de ese tipo de datos, en esta y otras materias- aportará en clarificar líneas de acción para quienes estamos comprometidos e involucrados con la implementación del acuerdo”, señaló Felipe Lagos, director del Centro de Estudios Regionales de la UMAG.

El profesional, informó que, hasta la fecha, hay alrededor de un centenar de respuestas, “y esperamos -añadió- al menos duplicar ese número para dar a conocer los resultados preliminares”. En ese sentido, adelantó que “hasta el momento una amplia mayoría está de acuerdo con la necesidad de promover la defensa de los derechos de las personas defensoras del medio ambiente y cree que, en Chile, el acceso a la información, participación y justicia ambiental, es insuficiente”.

Para responder la encuesta se debe ingresar al siguiente enlace: https://n9.cl/consultaonlineescazu. Y para más información sobre el concurso se deben solicitar las bases al correo electrónico oficinadepartesmagallanes@mma.gob.cl.

En la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, el 1 de marzo, cuando se realizó el juramento.

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La profesional Sintia Orellana Yévenes lleva cinco años de ejercicio laboral en la Universidad de Magallanes, institución a la cual ingresó con la misión de transversalizar la perspectiva de género. Hoy espera poder aportar esta visión en la judicatura que asumió el uno de marzo.

Por Paula Viano Santana

Fotografías: Gerardo López Masle, gentileza La Prensa Austral

Nuevamente, la escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de Magallanes (UMAG), aporta una académica a la triada de abogados y abogadas integrantes que, cada año, se conforma para apoyar a ministros y ministras de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. A la participación de la profesora Sonia Zuvanich Hirmas durante 2020 y 2022, se suma ahora la docente y directora de Género, Equidad y Diversidad, Sintia Orellana Yévenes, quien desde el pasado 1 de marzo compartirá este rol con sus colegas Mónica Aguilar Matus y Marcos Alvarado Sotomayor.

Como cada año, la segunda instancia judicial hizo llegar a la Corte Suprema, tres ternas de profesionales de las leyes que cumplen con los requisitos de por lo menos 10 años de experiencia laboral y trayectoria destacada en la región. El nombramiento para el año judicial 2023 fue firmado por el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, y el ministro de Justicia y DDHH, Luis Cordero Vega, y permite el funcionamiento continuo de las Cortes a falta de algún ministro o ministra titular.

“Los abogados integrantes conforman una institución muy antigua, que está consagrada en la ley chilena desde finales del siglo 19”, explica la académica. Agrega que cuando sea requerida su presencia, su rol consistirá en escuchar los alegatos, y redactar las sentencias. En esta precisa labor es donde espera dejar su sello. “Yo siento que mi aporte va a pasar sí o sí por poder tener la oportunidad de incorporar la perspectiva de género en los fallos. Ésa es mi misión; eso es lo que yo busco”, aseveró.

Consultada por el aporte que esta designación trae para su carrera y su institución, comenta que “a nivel regional, son muy pocas las personas que pueden cumplir con este rol que es tan importante. Además, para la Universidad es una buena noticia porque, finalmente, hoy está integrando la Corte de Apelaciones la directora de Género y profesora de Derecho, lo que también implica un reconocimiento para la carrera, porque creo que ahí hay otra impronta poder enseñarle al estudiantado ya no solamente desde la teoría, sino también desde la práctica”, concluyó.

Ministras y ministro integrante junto a la presidenta de la Corte, Caroline Turner.